En una sociedad cada vez más diversa e inclusiva es habitual que las empresas, atendiendo a su Responsabilidad Social Corporativa, incorporen valores propios en los procesos de selección de personal, mejorando así su imagen y reconocimiento social. El acceso al empleo es un derecho fundamental y las personas con discapacidad requieren de medidas específicas que favorezcan su integración en el mercado ordinario. Para ello, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos un 2% de su plantilla esté dentro de este colectivo de especial vulnerabilidad.

En ocasiones, la empresa ordinaria se encuentra con distintas barreras que dificultan el cumplimiento de esta cuota: la falta de información y conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad, el miedo a realizar una correcta adecuación del puesto de trabajo, el desconocimiento de la existencia de bonificaciones y ayudas para la contratación, etc.

Como respuesta, Fundación Dfa, a través del proyecto Dfaempleate, como parte de los Programas de Interés Social en Aragón con cargo a la asignación del IRPF, ofrece de forma gratuita los servicios de asesoramiento, intermediación y búsqueda de candidatos.

A efectos de las políticas de empleo, son personas con discapacidad aquellas a quienes se les ha reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, así como aquellas que reciben una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las que tienen reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Medidas para las empresas

Cuando una empresa ordinaria incorpora a su plantilla a una persona con discapacidad, puede beneficiarse de bonificaciones a la cuota de Seguridad Social en función del tipo de contrato realizado (la cuantía va de los 3.500 a los 6.300 € anuales).

Además, el INAEM otorga subvenciones a aquellas empresas que contratan de forma temporal o indefinida a trabajadores con discapacidad en situación de desempleo e inscritos como demandantes de empleo en los siguientes supuestos:

• Contrato indefinido (de 4.000 € a 7.500 €).
• Contrato temporal: (de 2.400 a 3.400 €).
• Transformación de un contrato temporal en indefinido (de 5.500 a 6.000 €).
• Contratación indefinida de trabajadores provenientes de enclaves laborales (8.000 €).
• Adaptación del puesto de trabajo (hasta 1.800 €).

Existen, por último, las deducciones de la cuota íntegra del impuesto de sociedades, que van desde los 9.000€ por cada persona/año que incremente la plantilla respecto a la del periodo anterior.

Más información a través del teléfono 976595959 o la página web www.fundaciondfa.es/empleo/como-contratar