13 Marzo, 2023

La complejidad del acceso al empleo para personas con discapacidad, una realidad

Persona en silla de ruedas escribiendo en una pizarra

El Observatorio sobre discapacidad y Mercado de trabajo en España (Odismet) permite el acceso a los datos estadísticos existentes en materia de empleo de personas con discapacidad, tanto a datos ya publicados en las diversas encuestas oficiales existentes, como a datos primarios escasamente explotados y publicados (explotaciones propias).

Gracias a Odismet es posible conocer la situación real de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, analizando la evolución de las principales magnitudes asociadas al empleo y dimensionando e identificando las desigualdades y factores de riesgo relacionadas con la inclusión/exclusión laboral.

Los últimos datos disponibles, registran un total de 1.933.400 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,3% del conjunto de nuestra población.

Estos son algunos de los principales indicadores:

  • Desde 2008 el colectivo ha crecido en 1.060.100 personas, lo que supone que desde dicho ejercicio la tasa de prevalencia se ha incrementado en 3,5 puntos.
  • Los indicadores vinculados al empleo muestran notables diferencias entre la población general y las personas con discapacidad, evidenciando la complejidad del acceso al empleo para el colectivo.
  • De dichos datos se obtiene un total de 1.269.400 personas con discapacidad inactivas laboralmente, siendo la principal causa de inactividad la situación de incapacidad permanente (61%). Obviamente, la incapacidad está vinculada a la percepción de pensiones, las cuales, en el actual y precario mercado laboral se constituyen como un elemento de garantía económica, difícilmente renunciable en un escenario de inestabilidad contractual y bajos salarios.
  • Los datos de paro advierten de 92.748 personas con discapacidad paradas de larga duración, es decir, el 64% del total de desempleados. El paro de larga duración afecta en mayor medida a las mujeres, los mayores de 45 años y a aquellos sin formación o con estudios primarios. Dentro del entorno de la actividad laboral, el panorama no resulta tampoco positivo.
  • En 2021 se realizaron 307.885 contratos a personas con discapacidad, que representan el 1,6% del total de contratos realizados en dicho ejercicio. El índice de rotación en la contratación se sitúa para personas con discapacidad en 2,11.
  • Del total de contratos realizados al colectivo, exclusivamente 114.315 se establecieron como contratos específicos para personas con discapacidad (37,1%). Circunstancia que puede estar apuntando hacia la falta de información entre el tejido empresarial a este respecto.
  • Unido a los desalentadores datos de contratación, se identifica una precariedad laboral. La tasa de temporalidad es del 88,5%, el índice de rotación crece año tras año y el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad, se fija en 20.799,3€, un 17,8% menos que la población general. Desde 2010, ese salario apenas crece en 246€; situación que no se reproduce en la población general, donde el incremento salarial es más evidente.
  • La precariedad se hace más patente en los grupos más vulnerables. Las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales. La brecha salarial de género afecta a este segmento de manera incisiva. Igualmente sucede con aquellos con discapacidad intelectual y en los segmentos de menor edad.
  • La alternativa del empleo por cuenta propia alcanza una tasa entre el colectivo del 10,3% (53.700 personas), frente al 15,8% entre la población sin discapacidad.
  • Respecto al nivel formativo, identificamos a más de 400.000 personas con discapacidad que no superan los estudios primarios, lo que representa el 21,2% del colectivo. Los porcentajes más altos, los encontramos en los hombres, en aquellos con discapacidad intelectual y en las comunidades de Canarias, Andalucía, Murcia y Ceuta y Melilla.
  • Las personas del colectivo que han alcanzado estudios superiores suponen el 17,5%, primando las mujeres, las discapacidades de tipo físico y visual, y las comunidades de Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja.
  • La formación parece una variable relevante entre el colectivo y su relación con el empleo y se aprecia que los mayores niveles formativos favorecen una posición activa hacia el empleo.  En España, se registran 223.805 alumnos con necesidades educativas especiales. El 72,4% cursa sus estudios en centros integrados, lo que refleja un avance de nuestra sociedad hacia la inclusión de las personas con discapacidad.
  • Respecto a las prestaciones económicas dirigidas al colectivo, el mayor volumen corresponde a las pensiones contributivas por incapacidad permanente, de las cuales se benefician 949.765 personas con discapacidad, con un importe medio mensual de 993,96 €.

En el siguiente enlace se puede descargar el último Informe ODISMET.