El Congreso aprobó este jueves, en pleno extraordinario, la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', una realidad que Marta Valencia, presidenta de Fundación Dfa, acogió «muy positivamente». Nada más conocerse la noticia, destacó que «nuestra norma fundamental por fin se adapta a los términos actuales y al modelo inclusivo actual».

Hasta ahora, el artículo 49 de la Constitución estaba redactado de esta manera: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Esta reforma cambia la redacción a «las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas».

Valencia explicó el verdadero significado de esta alteración y lo que supone para las personas con discapacidad: «Se pasa de un modelo médico, el que había en los años 70 e incidía en la propia persona, siendo los culpables de la discapacidad, a un modelo en el que somos personas, hombres y mujeres, niños o niñas, con una circunstancia que es la discapacidad, una de tantas circunstancias que tenemos». En esta línea, añadió que «todos somos diferentes y eso es lo que queremos potenciar. Pasamos a ser personas, como sujetos de derecho y de obligaciones, pero ante todo somos personas».

«Dejamos de ser los culpables de la discapacidad para ser personas con una circunstancia, que es la discapacidad»

Además, en el segundo punto de la reforma constará: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

Respecto a este aspecto de la Carta Magna se refirió Valencia: «Tener la Constitución española adaptada, reconociendo específicamente el trabajo de las administraciones públicas para conseguir una inclusión efectiva y admitiendo a las mujeres y a los niños y niñas con discapacidad como colectivos especialmente vulnerables es algo súper pionero». Tal es su importancia que, según añadió la presidenta, «no hay ninguna otra Constitución que reconozca así la situación de las mujeres y los niños y niñas».

Aunque esta reforma es un paso importante, Valencia fue un poco más allá y pidió el desarrollo de algunas leyes ya vigentes, como, por ejemplo, la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón: «Queremos que no se quede en eso y que normas que tenemos en España y, más concretamente, en Aragón, se apliquen realmente, algo que es fundamental para vivir en igualdad o que partamos de una situación igual para poder participar en los diferentes ámbitos de la vida».

La reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018, aunque las aspiraciones vienen de más atrás. «Desde el 2003, Año Europeo de la Discapacidad, se estaba pidiendo esta reforma», recordó la presidenta.

Ahora la Cámara Baja remitirá el texto al Senado, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva tras el acuerdo de PSOE y PP de no aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios.