Las noches de Elena Calvo ya no se miden en horas de sueño, sino en el tiempo que duran los calambres. A veces, media hora. Otras, más. Cuando amanece, el dolor sigue ahí. También la incertidumbre. Todo comenzó tres años atrás con una ciática. Hoy, con 52, espera a que un juzgado determine si las limitaciones que condicionan su vida justifican el reconocimiento de una incapacidad permanente.

Los diagnósticos médicos hablan de una estenosis de canal, síndrome de espalda fallida y deterioro cognitivo que afecta a la atención y a la memoria. Permanecer de pie durante mucho tiempo le resulta imposible, pero sentarse tampoco supone un alivio. «El dolor se come todo el día», resume Elena. Ni siquiera el dispositivo de neuroestimulación que le implantaron ha conseguido aliviar sus síntomas. «Mi cuerpo lo rechaza», explica. Cada revisión médica supone una nueva incógnita en una enfermedad que ha ido reduciendo progresivamente su autonomía.

Pese a esa evolución clínica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) considera que su estado de salud no le impide seguir desempeñando su trabajo como administrativa. Esa diferencia de criterio la llevó a solicitar una incapacidad permanente total y, tras recibir una resolución desfavorable, a acudir a la vía judicial con el respaldo del servicio jurídico de Fundación Dfa.

Pero el desgaste no ha sido solo físico. Tras dos años de baja médica, Elena asegura que el proceso administrativo se convirtió en una carga añadida. «Esto es una tortura china en la que al final te preocupas más por la parte administrativa que por la parte de la salud», afirma. Recuerda especialmente el reconocimiento ante el tribunal médico. «Me dijeron que mentía, que era imposible que me pasara nada de lo que contaba». Aquel día, añade, salió «llorando y abandonada», con la sensación de tener que demostrar continuamente que su dolor era real.

«Solo pido que la sentencia sea justa, que no me den más de lo que me merezco»

El pasado mes de mayo, su caso llegó al Juzgado de lo Social n.º 2 de Zaragoza. Mientras el INSS mantuvo que las funciones propias de un puesto administrativo son compatibles con su estado de salud, la defensa aportó los informes médicos y periciales que sostienen que sus limitaciones físicas y cognitivas le impiden desarrollar su actividad laboral con normalidad. Ahora, la decisión queda en manos de la justicia.

No es un caso único

La abogada de Fundación Dfa, Cristina Aguarón, explica que situaciones como esta no son excepcionales. «La incapacidad permanente no se reconoce únicamente por tener un diagnóstico», señala. «Lo que se valora es cómo afectan esas secuelas a la capacidad para desempeñar la profesión habitual», comenta. Por eso, añade, el trabajo jurídico consiste en trasladar al procedimiento toda la realidad que reflejan los informes médicos y demostrar cómo esas limitaciones condicionan el desempeño laboral. «Muchas personas llegan después de un largo recorrido de consultas, tratamientos y bajas médicas. Además del desgaste físico, existe un importante desgaste emocional porque sienten que tienen que justificar continuamente su enfermedad».

Mientras espera la sentencia, Elena destaca el acompañamiento recibido por el equipo de Fundación Dfa, especialmente por el trato humano encontrado durante un proceso que, asegura, ha sido tan duro como la propia enfermedad.

Ahora solo espera una resolución que cierre una etapa marcada por el dolor y la incertidumbre. «Solo quiero que sea justa, que no me den más de lo que merezco», afirma.

La historia de Elena refleja una realidad compartida por muchas personas: cuando la salud obliga a detenerse, la batalla no siempre termina ahí. A veces, el siguiente paso consiste en demostrar ante la Administración aquello con lo que ya se convive cada día.