Aragón cerró el año 2024 con 39.900 personas con discapacidad en edad de trabajar, lo que representa el 4,7 % del total de la población aragonesa entre 16 y 64 años, según los últimos datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El informe pone de manifiesto que la participación laboral de este colectivo sigue siendo muy reducida. Solo 12.200 personas con discapacidad estaban activas, lo que supone una tasa de actividad del 30,5 %, frente al 80,3 % registrado entre la población sin discapacidad. La diferencia entre ambos grupos alcanza así casi 50 puntos porcentuales, una brecha que evidencia las dificultades estructurales de acceso al empleo para las personas con discapacidad en la comunidad

En términos absolutos, 27.700 personas con discapacidad permanecían inactivas en 2024, frente a 160.200 personas sin discapacidad en la misma situación. Estos datos confirman que la discapacidad continúa siendo un factor determinante en la exclusión del mercado laboral, pese a las políticas de inclusión y a la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades.

La comparación con el conjunto de España refleja una situación similar: la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó en el 35,4 % a nivel nacional, ligeramente por encima de Aragón, aunque también muy lejos de la población sin discapacidad, cuya tasa alcanza el 78,5 %

Desde el IAEST subrayan que estos resultados refuerzan la necesidad de impulsar medidas específicas de inserción laboral, fomentar la contratación en el mercado ordinario y reforzar el papel de los centros especiales de empleo, así como la formación adaptada. El objetivo, concluyen, pasa por reducir la brecha de actividad y avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo, capaz de aprovechar el talento y la aportación social de las personas con discapacidad en Aragón.

Este informe es fruto de un convenio de colaboración entre INE (Instituto Nacional Estadística), el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y la Fundación ONCE.