El empleo es mucho más que una oportunidad laboral. Para las personas con discapacidad supone, en muchos casos, un paso decisivo hacia una mayor autonomía personal, independencia económica y participación activa en la sociedad. Contar con un trabajo permite reforzar la confianza, ampliar las relaciones sociales y avanzar en proyectos de vida propios, convirtiéndose en una herramienta clave para la inclusión.

Con ese objetivo trabaja el Programa de Proyectos Integrales de Empleo (Pro-In), impulsado por Dfaemplea, la agencia de colocación de Fundación Dfa. Tras los primeros seis meses de desarrollo, el balance refleja una evolución positiva: ya se han incorporado 40 participantes activos y el 10% ha alcanzado la inserción laboral, con contrataciones tanto en empresa ordinaria como en centros especiales de empleo.

Además, se han desarrollado nueve acciones formativas en las que han participado 48 personas, reforzando competencias digitales, herramientas para la búsqueda activa de empleo y conocimientos sobre administración electrónica.

El programa se apoya en un itinerario personalizado diseñado por Dfaemplea y el Centro de Apoyo Social, adaptado a las necesidades y objetivos de cada participante. A través de este acompañamiento se organizan talleres para conocer mejor el mercado laboral actual, descubrir nuevas oportunidades y adquirir competencias que mejoren la empleabilidad.

El más reciente se centró en la preparación de entrevistas laborales. Mediante distintas herramientas y dinámicas grupales, las personas participantes trabajaron la resolución de situaciones habituales en los procesos de selección, fortaleciendo habilidades y aumentando su confianza para afrontar con éxito futuras oportunidades laborales.

Asimismo, el programa continúa abierto a la incorporación de nuevas personas participantes con discapacidad que deseen mejorar su empleabilidad y avanzar en su proceso de inserción laboral, beneficiándose de un acompañamiento personalizado y de las diferentes acciones formativas previstas.

El Pro-In está impulsado por el Gobierno de Aragón a través del Inaem, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.