Fundación Dfa ha puesto en marcha en Zaragoza una nueva edición del Programa Integral de Empleo PRO-IN, una iniciativa diseñada para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad mediante itinerarios personalizados, formación adaptada y acompañamiento continuo.

El programa, que comenzó el pasado 1 de octubre y se prolongará durante 16 meses, selecciona a 60 participantes con el objetivo de mejorar su empleabilidad y su cualificación profesional. Para ello, se desarrollan actuaciones ajustadas a las necesidades individuales, teniendo en cuenta factores que pueden dificultar el acceso al empleo, como el tiempo en paro, la edad, el género o la discapacidad. Desde Dfaemplea, la agencia de colocación de Fundación Dfa, recuerdan que estas variables pueden incrementar las barreras que ya afrontan las personas en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral.

Cada participante realiza una entrevista inicial que permite diseñar un itinerario personalizado de inserción, con tutorías de seguimiento, evaluación de competencias, plan de búsqueda de empleo y acciones grupales orientadas a intercambiar experiencias y reforzar la motivación. «Uno de los retos es facilitar la participación de la persona en acciones formativas ajustadas a su perfil y promover el desarrollo de actuaciones que mejoren su motivación y autoconfianza», Claudia Arlanzón, técnica del programa.

Este año, las personas que se incorporan deben contar con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o, en el caso de quienes presenten trastornos del espectro autista, disponer de un diagnóstico emitido por un profesional de salud mental. Además, es imprescindible estar inscritas como demandantes de servicios de empleo y encontrarse en situación de no ocupadas, incluyendo a quienes tengan contratos fijos discontinuos en periodo de inactividad o trabajen en Centros Especiales de Empleo bajo modalidad protegida.

Desde la entidad recuerdan que las principales barreras para la inclusión laboral no son las limitaciones personales, sino los prejuicios y la falta de información. Por ello, insisten en que las empresas cuentan con ayudas y beneficios para la contratación, pero sobre todo destacan la profesionalidad y la capacidad de trabajo de las personas con discapacidad.

El proyecto está financiado por el Gobierno de Aragón a través del Inaem y cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.