DFA dispone de un servicio de asesoría especializada dirigida a intervenir sobre aspectos jurídicos relacionados con la discapacidad. 4 abogados y abogadas forman este servicio: José Pardo, Cristina Aguaron, Cristian Bascuñán y Miriam Herrero.

¿Cómo describiríais el servicio de Asesoría Jurídica para alguien que no os conozca?
La asesoría jurídica de Fundación DFA es un servicio que se presta con el objetivo de atender a personas con asuntos legales relacionados con la discapacidad. Sobre todo, consultas sobre certificados de discapacidad y sobre temas de incapacidad laboral. También asesoramos sobre incapacitaciones civiles, un procedimiento que suele generar muchas dudas e incertidumbre puesto que se trata de algo tan serio como la modificación de la capacidad de decidir de una persona y se persigue que se apoye la toma de decisiones y no se sustituya sin más.

¿Es un servicio gratuito?
La asesoría inicial sí es un servicio gratuito. La posterior gestión o presentación de escritos tiene coste, aunque a precios asequibles.

¿Cuántas asesorías se realizan?
Aproximadamente 400 intervenciones anuales.

¿Quién acude a esta asesoría?
Puede acudir cualquier persona, sea o no usuaria o colaboradora de DFA, para asesorarse sobre sus derechos, para informarse sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, o por estar en desacuerdo con alguna decisión tomada por su empresa, por una administración pública o por su comunidad de vecinos. También asesoramos a las comunidades sobre accesibilidad o a empresas sobre adaptación de puestos de trabajo y como cumplir la normativa en materia de medidas alternativas…En general, abordamos cualquier conflicto jurídico que esté relacionado con el ámbito de la discapacidad.

¿También asesorías sobre cuestiones relacionadas con la accesibilidad?
Sí, son muy habituales. Resolvemos dudas sobre adaptación de edificios. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de accesibilidad en su trabajo o su vivienda, o cuando las zonas comunes de su comunidad no son accesibles. Trabajamos de manera conjunta con la Asesoría de Accesibilidad de DFA.

A nivel laboral, ¿qué cuestiones son las más frecuentes?
En temas laborales asesoramos sobre todo en adaptaciones del puesto de trabajo, sobre cómo funcionan las bajas, sobre jubilaciones anticipadas… En relación con la administración, en cuestiones legales en las que una persona está en desacuerdo con la decisión tomada por esa administración, especialmente reclamaciones sobre incapacidades laborales.

¿Y sobre otros temas?
Muy especialmente, asesoramos sobre dudas relacionadas con la solicitud o revisión del certificado de discapacidad y sobre la valoración de la situación de dependencia. Pero la temática que abordamos en muy variada. Desde herencias y donaciones, hasta incapacitaciones civiles y designaciones de tutores legales, también recursos por denegación de material ortoprotésico, por multas o por prestaciones
erróneas.

Para este asesoramiento se necesitan, no solamente conocimientos a nivel legal, también especialización en otros ámbitos.
Sobre todo, es importante saber tratar a las personas. Lo primero es escuchar a las personas que acuden y entender su situación personal. A partir de ahí, intentar despejar las ideas subjetivas, la rumorología o cuestiones preconcebidas y trasladar la realidad de su situación y la normativa existente al respecto. Tenemos que aprender a interpretar una radiografía o un informe médico para poder asesorar a la persona de la mejor manera.
Para las cuestiones más técnicas, contamos con el apoyo de un perito forense, médico especialista en medicina legal para asesorar en estos temas. En el caso de necesitarlo, es el encargado de realizar una evaluación médica independiente para conocer si esa persona cumple o no con los requisitos para el grado de discapacidad, incapacidad o lo que necesite.

¿Cómo es el proceso cuando una persona acude a este servicio?
Se accede a través del Centro de Apoyo Social (CAS), que es el que deriva las consultas. Todas las atenciones comienzan con una asesoría inicial en la que conocemos y valoramos la situación, y ofrecemos la información necesaria. Generalmente, se presta el servicio y se instruye a la persona sobre cómo tiene que actuar, qué intereses defender, con quién hablar o qué proceso seguir. En relación con la administración, el proceso suele incluir la interposición de un recurso para mostrar disconformidad con la resolución, que generalmente se resuelve por vía administrativa. En última instancia, se acude a la vía judicial.

¿Este servicio se ofrece de manera presencial o también telemática?
Prestamos atención en todo el territorio aragonés. Por eso, parte de nuestra asesoría se realiza de manera telefónica. Aunque también realizamos atención presencial, durante la pandemia se ha priorizado la atención a distancia por la seguridad de todas las personas, tanto usuarias como la nuestra.

Prestáis un servicio muy especializado, ¿existen otras asesorías similares?
No, hay muy pocas especializadas en cuestiones sobre discapacidad. De hecho, otras entidades del ámbito de la discapacidad nos derivan a sus usuarios o usuarias cuando necesitan atención especializada.

Pero no solamente ofrecéis asesoría a personas, también a empresas.
Sí. Por ejemplo, las empresas de más de 50 trabajadores o trabajadoras tienen la obligación legal de que el 2% de su plantilla tenga discapacidad. Si una empresa no cumple ese porcentaje mínimo en su contratación, le asesoramos en lo que se denomina ‘medidas alternativas’, es decir, la posibilidad de contratar servicios con Centros Especiales de Empleo o realizar una donación económica a una entidad
social. Por otro lado, también ofrecemos asesoría a ayuntamientos y otros organismos públicos, especialmente con temas de accesibilidad y barreras arquitectónicas.

¿También asesoráis a otras entidades del Tercer Sector?
Desde este departamento también gestionamos todas las cuestiones jurídicas de la propia fundación: licencias, licitaciones, contratación pública y privada, recursos, información legal… Ello nos permite ofrecer una asesoría muy especializada con conocimiento a nivel interno de las entidades sociales. Por ejemplo, sobre procesos de toma de decisiones y modificación de los estatutos, reclamaciones patrimoniales a la administración, gestión de donaciones y herencias, etc. Trabajamos conjuntamente con la gestoría de la fundación, GP7, llevando la gestión de trámites administrativos y tributarios a entidades y asociaciones, incluso aunque no tengan relación con la discapacidad.

¿Cómo os especializasteis en derecho y discapacidad?
En la facultad de Derecho se estudia alguna asignatura como ‘Protección Social’ que da unas bases pero no un conocimiento amplio sobre discapacidad. Al empezar las prácticas en DFA fue cuando nos fuimos formando en esta especialidad. Formación que se ha ido completando con el paso del tiempo y la experiencia compartida entre las y los compañeros.