10 Mayo, 2021

Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España

Cartel del informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España

El pasado 6 de mayo se presentó el estudio ‘Derechos y Discapacidad. Informe 2020 España’ elaborado por CERMI que analiza el estado de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en España.

Entre los aspectos positivos que nos ha dejado un año 2020 marcado por la covid-19, se destacan por ejemplo la exención del copago farmacéutico para los y las menores con discapacidad y el muy esperado fin de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad.

Sin embargo, son más los aspectos negativos y las denuncias superan a los avances: 406 denuncias frente a 75 avances y 53 propuestas de mejora, un hecho que “evidencia que la Convención siguen sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad”.

Si bien es cierto que un año especialmente duro para toda la ciudadanía, la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias, articulada en torno al CERMI, ha servido de catalizador de avances en inclusión y ha tenido un papel fundamental a la hora de mitigar los efectos de la pandemia.

Entre los aspectos negativos de 2020 relacionados directamente con la pandemia destacan la denegación de UCIS o de traslado a hospitales por razón de edad o discapacidad, o el gran número de menores y adultos que han visto comprometidas sus terapias.

La emergencia sanitaria también ha puesto de relieve la falta de accesibilidad de las plataformas digitales, o la falta de accesibilidad en la información sobre protección y contagios durante las primeras semanas de la crisis (un trabajo que se asumió desde el CERMI con recursos propios), o los ataques desproporcionados de las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado contra personas con discapacidad por entender que se habían saltado el confinamiento. Por otro lado, el Estatuto de la eutanasia, y a pesar de las indicaciones de la ONU, sigue viendo a las personas con discapacidad como vidas descartables.

A esto hecho se une el suicidio, la primera causa de fallecimiento no natural en España desde hace 11 años. En este sentido se denuncia la falta de políticas de prevención del suicidio.

Una de las consecuencias del impacto de la covid-19 ha sido el aumento alarmante de la violencia de género, algo que ha afectado notablemente en las situaciones de desprotección de millones de mujeres debido a las medidas de distanciamiento social, así como por las medidas restrictivas de libertad de desplazamiento.

La llamada pandemia en la sombra, ha dejado una vez más en entredicho la capacidad de respuesta con enfoque de género, feminista e interseccional ante la violencia machista, y ha afectado exponencialmente a mujeres y a niñas con discapacidad, más aún en casos específicos como el de las mujeres mayores, mujeres LGTBIQ, mujeres indígenas, mujeres en situación de pobreza extrema o aquellas mujeres que viven en zonas rurales.

Otra de las asignaturas pendientes es la falta de accesibilidad que restringe el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad. Además, las administraciones públicas incumplen las leyes españolas al denegar adaptaciones de puesto de trabajo a personas que han superado una oposición, o fallan en cultura, con leyes como la del cine, que no contempla cuestiones básicas como el subtitulado, la audiodescripción o la lengua de signos para que personas con discapacidad puedan disfrutar del cine español.

Por último, este informe también saca a la luz situaciones sociales como la soledad no deseada, la pobreza o la exclusión, que si ya eran acusadas con anterioridad, con la pandemia se han convertido en extremas.