Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, muchas personas buscan en la costa un lugar donde descansar, refrescarse y disfrutar de la naturaleza. Las playas siguen siendo uno de los destinos más demandados en esta época, también para las personas con movilidad reducida, que tienen exactamente el mismo derecho a disfrutar del mar, la arena y el sol en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad. Para ello, es imprescindible que existan playas accesibles, espacios pensados y adaptados para permitir la autonomía y el disfrute de todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.

Las playas accesibles son aquellas que disponen de una serie de elementos e infraestructuras pensadas para facilitar el acceso, la movilidad y el baño de personas con discapacidad. Entre estos elementos se encuentran los aparcamientos reservados situados cerca del acceso principal, rampas de entrada al entorno de la playa, pasarelas amplias hasta la orilla con una pendiente inferior al 6 %, boyas y redes para guiar a personas con discapacidad visual, dispositivos visuales y sonoros para quienes tienen discapacidades sensoriales, vestuarios, aseos y duchas adaptados, sillas anfibias, muletas de playa y ayudas técnicas, zonas de sombra reservadas, mobiliario urbano accesible, zonas de deporte adaptado y, por supuesto, socorristas y personal de apoyo debidamente formado. La presencia de estos elementos no solo facilita el acceso físico a la playa, sino que también garantiza una experiencia de ocio digna y autónoma para quienes tradicionalmente han visto limitado su acceso al entorno natural.

La accesibilidad no es solo una cuestión de voluntad, sino un derecho legalmente reconocido en España. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, recoge la obligación de garantizar entornos accesibles en todos los ámbitos de la vida, también en el del ocio y el turismo. Además, en el caso concreto de las playas urbanas, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y establece en su artículo 9 que deben existir puntos accesibles, con los elementos necesarios para que cualquier persona pueda disfrutar de la playa sin obstáculos.

Solo dos de cada diez playas en España son accesibles. Actualmente, según los datos recopilados por las comunidades autónomas y organismos especializados, España cuenta con más de 600 playas accesibles de las 3.600 distribuidas por todo el litoral, lo que supone que solo dos de cada diez cumplan las condiciones necesarias. Comunidades como Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Canarias concentran una gran parte de estas playas adaptadas, muchas de las cuales están reconocidas por sus buenas prácticas en accesibilidad.

Garantizar el acceso al ocio y al mar para todas las personas es una cuestión de justicia social y de igualdad de derechos. La existencia de playas accesibles no solo elimina barreras físicas, sino también simbólicas y sociales, y nos acerca a una sociedad más inclusiva donde nadie se quede fuera. Disfrutar del verano, del mar y de la playa debe ser un derecho universal, no un privilegio. La accesibilidad no es un añadido, es una condición básica para que todas las personas puedan vivir el verano sin barreras.

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