Existe una clara falta de accesibilidad en bienes, productos, servicios y entornos que impide a las personas con discapacidad acceder a ellos en igualdad de condiciones que el resto de consumidores. La accesibilidad universal y el ejercicio de los derechos fundamentales es esencial según la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Debemos conocer nuestros derechos como consumidores/as y exigir su cumplimiento, estos son los ocho derechos que tenemos las personas con discapacidad como consumidoras:

1. Derecho a la Información. Sobre bienes y servicios, así como publicidad, precios y etiquetas del producto.
2. Derecho a la Educación. A recibir educación en materia de consumo y conocer cómo nos protege la ley.
3. Derecho a la Igualdad de Oportunidades. Participación e inclusión plena en la sociedad, respetando la diversidad.
4. Derecho a la No Discriminación. Sea por discapacidad, por género, por condición económica, por raza, por religión…
5. Derecho a la Compensación. Si los proveedores no cumplen lo que prometen, tienes derecho a la devolución del dinero, reducción del precio o reparación sin coste.
6. Derecho a la Protección. Contra aquellos riesgos que afecten la salud, la seguridad y los intereses económicos y sociales.
7. Derecho a la Seguridad y la Calidad. Los bienes y servicios deben cumplir normas e incluir advertencias, explicando su uso adecuado.
8. Derecho a Elegir. Sin presionar ni condicionar la venta o exigir pagos o anticipos sin firmar un contrato.

Y, ¿qué hacemos en caso de reclamación? La Hoja de Reclamaciones.

• Rellena la hoja de reclamaciones con tus datos personales. Todos los comercios están obligados a tenerla.
• Preséntala en el comercio, solicitando su firma o sello. Presenta la original y quédate una copia.
• En el plazo máximo de un mes, el establecimiento deberá facilitarse una respuesta.
• Si no estás de acuerdo, puedes presentar la copia de la hoja de reclamaciones ante la Junta Arbitral de Consumo.

*Difusión en colaboración con la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.