Tener una discapacidad implica, además de retos personales y familiares, una maraña de procedimientos legales y administrativos que no siempre son fáciles de entender. Para muchas personas, contar con alguien que escuche, acompañe y oriente resulta fundamental. Eso es lo que encuentran quienes acuden a la asesoría jurídica de Fundación Dfa: no solo respuestas legales, sino comprensión y cercanía.

Solo durante el año pasado, esta asesoría jurídica atendió a un total de 322 personas en las tres provincias aragonesas, con una distribución equitativa por género: 156 mujeres y 166 hombres. En total, se llevaron a cabo 651 intervenciones legales, lo que evidencia no solo el volumen de trabajo del equipo jurídico, sino la alta demanda de este tipo de orientación.

Entre las principales consultas que se gestionan en el marco del proyecto ‘Fundación Dfa-Contigo’, perteneciente a la convocatoria en materia de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, destacan asuntos relacionados con altas médicas, determinación de contingencias laborales, incapacidad laboral, reconocimientos de dependencia, certificados de discapacidad o incapacidades civiles.

Asimismo, el equipo legal ofreció soporte en reclamaciones de accesibilidad, recursos ante resoluciones administrativas, fiscalidad e impuestos, reclamaciones de consumo o a mutuas, y especialmente en temas de eliminación de barreras. Como indica José Pardo, responsable del servicio, «muchas personas se tienen que enfrentar al aparato administrativo y estamos ahí para asesorarles y ayudarles técnicamente y jurídicamente».

El carácter multidisciplinar es otro de los valores añadidos. Cuando las circunstancias lo requieren, y tras una valoración del equipo jurídico, las personas usuarias son derivadas a una asesoría médica complementaria. En este marco, el perito forense juega un papel clave, prestando asistencia experta en aquellos procesos que derivan en procedimientos judiciales o revisiones de discapacidad. Este servicio médico especializado atendió el pasado año 45 valoraciones periciales, en su mayoría vinculadas a procedimientos de revisión de certificados de discapacidad o intervenciones judiciales.

La asesoría jurídica no solo actúa como guía en los complejos trámites administrativos o judiciales, sino que empodera a las personas con discapacidad y sus familias.

Por otro lado, desde la Fundación Instituto Integración Social (FIIS) también se desarrolla un programa dentro de esta misma convocatoria del Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza. El proyecto, al igual que en Fundación Dfa, se trata de un servicio de información y asesoramiento ajustado a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.