El envejecimiento de las personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo (CEE) se ha convertido en un desafío creciente que afecta a su salud, bienestar y a la sostenibilidad de los propios centros. Así lo refleja un estudio de Fundación Dfa para la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Cocemfe (AECEMCO), con apoyo de Fundación ONCE, basado en el análisis de casi 300 personas trabajadoras y en entrevistas a responsables de recursos humanos y prevención de riesgos laborales.

La investigación constata que las personas con discapacidad experimentan un deterioro físico, cognitivo y emocional más rápido, lo que repercute directamente en su calidad de vida y capacidad laboral. La edad media de los encuestados es de 48,4 años, y casi siete de cada diez superan los 45. El cansancio afecta al 63,5% de los trabajadores, mientras que casi un tercio señala pérdida de ritmo o destreza en sus tareas. Además, un 23% admite haber perdido habilidades manuales, lo que dificulta la ejecución de ciertas funciones. A ello se suman consecuencias emocionales como la incertidumbre ante el futuro, el miedo al aislamiento tras dejar la vida laboral y la duda sobre su continuidad en el empleo en los próximos años.

El informe advierte que la normativa actual sobre jubilación anticipada no contempla adecuadamente las particularidades de las personas con discapacidad, quienes suelen envejecer prematuramente. Esta carencia agrava su vulnerabilidad, ya que muchos no pueden mantener el ritmo laboral hasta la edad legal de jubilación. Por ello, el documento reclama una revisión de las políticas de protección social y laboral para ofrecer salidas dignas, seguras y adaptadas a sus necesidades.

Entre las propuestas recogidas por el estudio destacan la adaptación ergonómica de los puestos, la flexibilización de horarios, la eliminación de turnos nocturnos y la promoción del teletrabajo cuando sea posible. También se sugiere reforzar el apoyo psicológico, mejorar el clima laboral y garantizar información clara sobre jubilación y derechos laborales.

En sus conclusiones, el informe subraya la urgencia de crear entornos laborales inclusivos, accesibles y flexibles que sitúen a la persona en el centro de las decisiones, por encima de los resultados económicos. Enfrentar el envejecimiento de las personas con discapacidad implica no solo adaptar los espacios de trabajo, sino también impulsar políticas públicas que acompañen su trayectoria profesional hasta el final, asegurando que la última etapa laboral se desarrolle con dignidad, apoyo y las adaptaciones necesarias. El reto es tanto laboral como social, y requiere la implicación de administraciones, empresas y entidades del tercer sector para garantizar un futuro sostenible e inclusivo.