22 Diciembre, 2022

Presentado un informe sobre las bajas de larga duración de personas con discapacidad

Los participantes de la presentación, en las instalaciones de Servimedia

Las bajas de larga duración de los trabajadores con discapacidad tienen una duración media de 350 días, se producen sobre todo en la franja de edad comprendida entre los 45 y los 64 años y se originan más con enfermedades comunes que con accidentes laborales.

Así lo refleja un estudio sobre las bajas de larga duración en esta parte de la sociedad, elaborado por la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Cocemfe (Aecemco) y Fundación Dfa, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El informe se presentó este miércoles en un acto organizado por Servimedia en el que intervinieron la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín; el presidente de Aecemco, Ignacio Rodríguez; Isabel Calvo, socióloga de Fundación Dfa y autora del estudio; Marina Ladrero, directora de Recursos Humanos de Dfa, y Toñi Romero, trabajadora afectada por una baja de larga duración.

El estudio, elaborado a partir del análisis de bajas laborales en centros especiales de empleo de iniciativa social, pone de manifiesto que el 54,6% de las bajas prolongadas son entre seis y doce meses, y el 45% superan el año.

La mayoría de estas bajas las solicitan personas con discapacidad física, con un grado de discapacidad de entre el 33 y el 44%, con contrato indefinido y a tiempo completo, con la categoría de auxiliar. No hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres en este aspecto.

A partir de la pandemia, la proporción de bajas de larga duración entre personas con discapacidad ha subido, del 10% que rondaba antes de la covid a cerca del 15% en 2020 y 2021.

Según explicó Isabel Calvo, el estudio también revela que hay un elevado porcentaje de recaídas en las bajas, que se acrecienta conforme avanza la edad de los empleados.

Marina Ladrero, por su parte, resaltó la labor de asistencia forense y jurídica que hacen los centros de empleo de ayuda a los trabajadores a los que Trabajo deniega la incapacidad.