En Aragón viven 116.887 personas con alguna discapacidad reconocida, según datos actualizados del Instituto Aragonés de la Seguridad Social (IASS) a 31 de diciembre de 2021. Aparte, un número indeterminado están en condiciones de ser consideradas personas con discapacidad, pero todavía no han sido evaluadas. Este volumen no impide que generalmente en la sociedad se hable de discapacidad en términos abstractos o, al menos, poco definidos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «la discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las patologías, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Las patologías son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales».

El coordinador de la secretaría técnica de Fundación Dfa, José Carlos Pardo, va un poco más allá. «La discapacidad, para que produzca un efecto legal y reporte a la persona discapacitada un beneficio, debe de ser reconocida por la administración competente, en la mayoría de las ocasiones los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma», apunta. Por tanto,  «podría definirse como aquella situación física, mental u orgánica que es reconocida administrativamente».

Actualmente es el Real Decreto 1971/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el que establece un baremo de valoración uniforme en España. El grado mínimo para ser reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad y que esta pueda beneficiarse de las ayudas y prestaciones asistenciales es del 33%. A día de hoy se encuentra en fase de preparación el nuevo proyecto de Real Decreto que modificará el baremo.